De datos y derechos: ser trans en Uruguay
¿Trans? ¿Y eso qué es?
Desde que nacemos se nos atribuyen características de acuerdo a nuestro sexo biológico. Se nos dice que por nacer con vulva tenemos que hacer estas cosas “de mujer” y por nacer con pene nos deben gustar aquellas cosas “de varón”. Así, cuando nacemos se nos asigna un género, que es el conjunto de estas características.
Cuando crecemos, podemos sentirnos bien con el género asignado, pero puede que no. A las personas que no se identifican con el género asignado al nacer las llamamos trans. ¿Muy complicado? Acá Rory nos deja un pequeño glosario con términos para que se entienda mejor.
Ser trans no es fácil: estas personas rompen con la idea de que el género es definido biológicamente y nos plantean que puede ser una construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Que no está atado a los genitales y que solo tiene sentido en tanto la sociedad dice que lo tiene.
El mundo en datos
En 2016, el Ministerio de Desarrollo Social presentó los datos de un censo de personas trans en el cual se contabilizaron 853 personas, aunque se sabe que este no es el total de la población trans, sino solamente a las que se pudo alcanzar. ¿Datos que saltan a la vista? El 90% de estas personas son mujeres, el 49% tiene menos de 29 años y solo el 18,5% pudo realizar el cambio de nombre y sexo registral.
Además, el 58% declara haber sufrido discriminación por parte de su familia cercana (con quienes convivían). El 67% de las personas trans realizaron trabajo sexual en algún momento de sus vidas, muchas veces siendo menores de edad. El 60% no completó ciclo básico y más del 70% afirmó haber sufrido discriminación en su institución educativa.
Todas sentimos la necesidad de conformar con los estereotipos corporales que la sociedad nos impone, no tiene sentido negarlo. Esto también aplica a las personas trans, pero estas lo encuentran mucho más difícil. El 11 % declaró tomar hormonas sin prescripción médica; el 17%, inyectarse silicona industrial; el 5,2%, haber utilizado aceite de motor industrial para modificar su cuerpo. El 38% dijo que le gustaría realizarse una operación de reasignación de sexo, pero solo 1% de las personas la ha realizado.
¿Y si hablamos de derechos?
En Uruguay existe la ley 18.620, que reconoce el derecho a la identidad de género y el cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios, como la cédula de identidad.
Sin embargo, este proceso es lento: se necesita un abogado y las personas deben presentar documentación probatoria de su identidad de género. Menos de la mitad de la población trans ha iniciado el trámite, y solo la mitad de esta ha obtenido su nueva cédula.
¿Y ahora? Por una ley integral para personas trans
La posibilidad de que las personas trans cambien su nombre en sus documentos de identidad es solo el primer paso en asegurar que gocen de una vida plena en derechos. Este trámite continúa siendo increíblemente complicado e inaccesible, y estas personas continúan sufriendo de violencia en sus casas, trabajos e instituciones educativas. Esto causa que la estabilidad económica, psicológica y emocional sea tan solo una excepción en esta población tan vulnerada y marginalizada.
Por eso, el año pasado se presentó un proyecto de ley integral, o sea, que busca tomar en cuenta todas las vulneraciones y hacer algo al respecto. La ley, entonces, considera distintos aspectos clave: facilitar el trámite de cambio de sexo registral, realizar acciones afirmativas en los ámbitos educativos y laborales, garantizar el acceso a la salud y la vivienda, proporcionar reparaciones para aquellas personas que hayan sufrido abusos o violaciones de derechos humanos durante la última dictadura.
¿Qué pasa con las personas menores de edad?
Personas trans hay de todas las edades y, de hecho, el censo encontró que poco más del 10% de las personas censadas tenían menos de 18 años.
La ley toma el principio de autonomía progresiva. Muchas veces, el concepto de mayoría de edad nos deja la idea de que un menor no tiene capacidad de decisión sobre sí mismo hasta que cumple 18 y, de repente, a esa edad es un adulto en toda regla. La autonomía progresiva sostiene que la capacidad de ejercer derechos y de asumir responsabilidades específicas aumenta conforme a la edad de la persona. Por ende, no se le brindan las mismas libertades a alguien de 8 años, de 13, de 16 o de 18, pero sí se reconoce que una persona de 16 debe tener capacidad de decisión sobre su propia vida.
La ley se apoya en este principio, previsto en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, así como nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, debido al nivel de violencia que las personas trans sufren por parte de su familia durante la adolescencia. La expulsión del hogar es gran causal de la deserción estudiantil, de las altas tasas de suicidios y del riesgo a la caída en la explotación sexual infantil. Los derechos de las personas trans no pueden depender del apoyo familiar, ya que no es admisible que se pierdan ante la falta de ese apoyo.
Así, las personas trans pueden acceder a seguimiento psicológico, becas estudiantiles, hormonización en sus servicios de salud y cambio de nombre y sexo registral sin el apoyo de sus padres, aunque sí de un asesor legal.
Importa que se apruebe
Esto es solo un pequeño resumen de la situación de las personas trans en el país y de las formas en que la ley integral busca repararla. Si te interesa saber más sobre el proyecto de ley, te invito a leer esta nota de La Diaria, que la explica de forma más extensa.
Las personas trans son menos de 1.000 en todo el país y necesitan del apoyo de todos y todas. Por eso, en Harta decimos #LeyTransYa.
19 años y con la meta de cambiar el mundo. Mis días se resumen en dormir, estudiar y tomar mate. Escritora aficionada y amante del orden. Copada con escribir sobre género, sexualidad y todo aquello que me tenga harta.
